La educación de los pueblos no puede ser vista como un privilegio de quienes pueden pagarla, si no como el motor del desarrollo de la sociedad. Por tanto el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a ella en todos sus niveles como un derecho de la población. En nuestro país, a igual que en América Latina la política neoliberal y globalizante que se aplica ha hecho que la Educación Superior pública se convierta en un privilegio de quienes pueden pagarla; debido a la asfixia económica a la que han sometido los gobiernos de turno, el principio de gratuidad ha sido borrado paulatinamente.
Esta situación hace imprescindible que la Asamblea Constituyente
elabore una nueva constitución, en donde se considere a la Educación Superior
como un derecho irrenunciable, parte del Sistema Educativo Nacional y área
prioritaria de inversión, con el fin de que los ecuatorianos puedan acceder a
una formación superior de calidad que permita interrelacionar los conocimientos
con las necesidades de desarrollo de la sociedad ecuatoriana.
Es importante también que a la educación superior por ser el
escenario para el debate y desarrollo del pensamiento crítico, de la
investigación científica, se le garantice como principio básico la aplicación
plena Autonomía, entendida como el derecho que tienen para autorregularse,
controlarse, administrase y, no como pretenden los neoliberales, de
autofinanciarse a través del cobro de pensiones u otras modalidades que
significan renunciar al derecho de gratuidad de la educación. Esto es
responsabilidad del Estado.
La autonomía debe aplicarse plenamente evitando que organismos o
entidades externas al quehacer universitario, como los empresarios u organismos
internacionales interfieran en la actividad de la Universidad, tratando de
imponer modelos y estándares internacionales que no corresponden a nuestra
realidad y que buscan que la educación superior esté en relación a los
intereses del libre mercado, para convertirla en mercancía de un lucrativo
negocio, en donde incluso, en algunos casos, reciben recursos del Estado.
Es así que para garantizar este principio es fundamental que el
Asamblea Universitaria que responde, en su organización, a todos los estamentos
que conforman este sector pase de ser un ente consultor a ser el que genere la
política educativa, el que, efectivamente, gobierne el quehacer universitario,
lo que significa a su vez que Consejo Nacional de Universidades y Escuelas
Politécnicas que hoy es el ente superior de la Universidad Ecuatoriana sea el
organismo ejecutor de las políticas educativas generadas desde la Asamblea; en
la nueva constitución el CONESUP debe dejar sentado el principio democrático de
organización donde los estamentos universitarios estén representados.
Los principios de gratuidad, autonomía, libre ingreso, y el
concepto de que la Educación Superior debe ser parte del Sistema Nacional de
Educación deben estar plasmados en la nueva Constitución a fin de que la ley
secundaria sea reformada para que se garantice el derecho de los ecuatorianos y
a la vez se sancione a quienes no la cumplan.
BIBLIOGRAFÍA:
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